Las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia gestionada directamente por el Ministerio de Justicia están por los suelos; si las comparamos con las de quienes son administrados por sus respectivas Comunidades Autónomas el agravio comparativo resulta vergonzante e incomprensible…. El Ministerio tiene a nuestros/as compañeros/as apalancados en el ostracismo desde hace décadas, aunque especialmente en los últimos trece años, después de cerrarse en falso una huelga sectorial en 2008, al amparo de un acuerdo insuficiente alcanzado por algunas Centrales Sindicales con el Ministerio de Justicia, las mismas que pretenden aplicar el ICETAZO en nuestra administración. La realidad de estos servidores públicos hoy por hoy resulta impresentable a la luz de equidad retributiva, al pertenecer todo el personal de la Administración de Justicia a unos mismos Cuerpos de funcionarios que, no lo olvidemos, tienen el carácter de nacionales, esto es, que poseen las mismas condiciones profesionales en cualquier territorio del Estado. La administración no sólo no resuelve el problema de la temporalidad abusiva aplicando la normativa Europea, precarizando a los temporales públicos, si no que además precariza también a los funcionarios de carrera no equiparando sus retribuciones al resto de territorios transferidos.
Pues bien; en razón de esta situación discriminatoria del personal de Justicia en el territorio no transferido, la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha venido a recoger una Disposición adicional centésima quincuagésima séptima, según la cual se procederá a la negociación en el ámbito de la Mesa de Retribuciones y Empleo de la Administración de Justicia de un incremento en los complementos específicos del personal …, para adecuar los mismos al volumen y responsabilidad en el trabajo y aproximarlas a las que se perciben en puestos equivalentes en otros ámbitos. Disposición ésta que nos hacía pensar en que por fin se había logrado un tardío, pero en cualquier caso efectivo, reconocimiento a nivel legal de la situación discriminatoria padecida por estas compañeras y compañeros de trabajo y que, consecuentemente, asistiríamos al cese de su postración profesional y económica.
Así, por esta senda han venido discurriendo las diferentes sesiones de la Mesa negociadora, hasta alumbrar el 14 de septiembre de 2021 un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las Centrales Sindicales presentes en dicho foro. Acuerdo que, a posteriori, ha sido vetado por el Ministerio de Hacienda, al exigirse por éste suprimir los pagos “retroactivos” desde 1/1/2021 pactados (hay que tener en cuenta, sin embargo, que la Ley de Presupuestos cubre el entero ejercicio de 2021); diferir el pago de las cantidades acordadas en tres ejercicios -hasta 2024-, cuando las dotaciones para su cobertura están previstas precisamente en la Ley de Presupuestos de este año corriente; y suprimir las referencias contenidas en el acuerdo en orden al reconocimiento y abono de la Carrera Profesional en 2.022. Es decir, demorar para no cumplir a pesar de las previsiones LEGALES…
¿Dónde queda, entonces, la negociación de las condiciones de trabajo, configurada como un derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras públicos frente a la Administración Pública? Su legalidad, la cobertura presupuestaria de sus postulados con repercusión económica y la obligatoriedad del cumplimiento del contenido de lo pactado resultan ser sus premisas legales, y aquí se habían cumplido todas, excepto la de la obligatoriedad, que el Gobierno, a la postre, no quiere otorgar al Acuerdo alcanzado en Mesa de Negociación tras un arduo proceso.
La vía para llegar a esta situación caótica y absurda, pero insoportablemente injusta, ha sido la del desdoblamiento de la voluntad del Gobierno (escindida entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda) y un reparto de papeles entre ambas carteras: una da lo que la otra quita… en un auténtico homenaje a aquellos trileros que, provistos de cubiletes y dados sobre una mesilla, entretenían y desplumaban camino de la estación de Atocha a incautos transeúntes, que terminaban por descubrir, desolados, que el dado no les aguardaba donde apostaron…Una vez más, el Ministerio de Hacienda, ahora también de Administración pública, se encarga de cercenar las posibilidades de equiparación del personal, temporal y de carrera, con el resto de sus compañeros/as.
ASIJ-USO, al igual que el resto de USO JUSTICIA, entiende que están más que justificadas las acciones de protesta convocadas y las que se puedan convocar para reponer en sus derechos y legítimas expectativas a quienes trabajan en la Administración de Justicia dependiente aún del Gobierno Central y están siendo injustamente discriminados,
MOVILIZACIONES QUE, CON EL AVAL DEL COLECTIVO PERJUDICADO, APOYAREMOS EN TODO CASO. LA JUSTICIA TAMBIÉN DEBE SERLO PARA QUIENES LABORALMENTE LA SIRVEN, DÍA TRAS DÍA: SUS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICOS MERECEMOS UN RESPETO, COMO TODO TRABAJADOR, DIGNIFICADO POR SU TRABAJO.