ASIJ NACIONAL INFORMA: REUNIÓN CON LA PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE ERC.

Siguiendo la ronda de contactos con los grupos políticos del arco Parlamentario del Estado, hoy nos hemos reunido con la portavoz de Justicia de ERC, Carolina Telechea y con dos de sus asesores en materia de Justicia. Esta es la segunda ocasión en la que la diputada y sus asesores se reúnen con ASIJ para escuchar nuestras reivindicaciones y las propuestas de solución que aportamos.


Nuevamente nos ha acompañado Javier Arauz y una vez más no podemos por menos que agradecerle su pericia y buen hacer.


La portavoz de ERC conoce bien la situación actual, no sólo porque ya se la expusimos en la primera reunión, si no por que su partido tiene la responsabilidad de la Conselleria a de Justícia en la CCAA de Catalunya, uno de los territorios donde más flagrantemente se ha abusado de la contratación temporal del personal funcionario. Prácticamente un tercio de los funcionarios interinos de Justicia en el Estado Español desempeñan su labor en dicho territorio.


Han entendido perfectamente que la fijeza de los trabajadores contratados en abuso no vulnera en absoluto los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública y que por tanto no se vulnera en ningún momento el art. 23 de la CE. La portavoz se ha comprometido a seguir en contacto y a apoyar las medidas de estabilización necesarias para cumplir con la normativa Europea y a rescatar la iniciativa presentada en el Senado para seguirla y apoyarla en su caso.

Pincha aquí para acceder a la moción


Son plenamente conscientes de que la sanción al Estado por no transponer la directiva no puede ser otra que la estabilización de quienes están; sin que pueda contemplarse ni siquiera la posibilidad de hacer tabla rasa poniendo en la calle de forma libre y gratuita a los temporales, o la indemnización como sanción dado que económicamente no es viable. Javier Arauz les ha ilustrado sobre cual sería el importe de una sanción disuasoria poniéndoles sobre la mesa el fallo de una sentencia condenatoria a un empresario en el sector privado y han quedado plenamente convencidos de que no es la solución. No podemos olvidar que las competencias están transferidas y que el monto total de estas indemnizaciones disuasorias correría a cargo de las CCAA.


Finalmente no deja de sorprender el desconocimiento al que los sindicatos tradicionales han sometido voluntariamente a nuestra clase política en el ámbito de la Justicia; pero eso, se termino.

¡¡¡OS SEGUIREMOS INFORMADO!!!

❗❗❗JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES❗❗❗

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